Con el propósito de disminuir la problemática del tráfico de madera ilegal en la región Andes – Amazonía, a través de acciones colaborativas entre los Estados y la sociedad civil, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se está avanzando en procesos destinados a promover el comercio de madera de origen legal. Por un lado, está la atención al monitoreo, vigilancia y  y control de los productos maderables, desde su origen hasta su destino final, a través de mecanismos denominados “sistemas de trazabilidad de la madera“;  y, por otro, promoviendo espacios de diálogo, concertación y participación de los diferentes actores en la cadena de la madera.

En ese sentido y en la búsqueda de fortalecer la gobernanza forestal entre diversos actores involucrados en este tema, en la región existen experiencias con aprendizajes valiosos sobre esfuerzos y compromiso de la sociedad civil para proteger y hacer un uso sostenible de los recursos boscosos, fortaleciendo de esa forma la aplicación de la ley y la cooperación con las autoridades.

Un ejemplo de ello, es una iniciativa en la frontera binacional entre Colombia y Perú: el establecimiento de unamesa forestal regional transfronteriza, entre actores del Estado y de la sociedad civil, con la finalidad de promover acciones de control y vigilancia para contrarrestar el tráfico de madera en zona de frontera entre ambos países.  “Iniciativas como esta, generan alianzas de cooperación con acciones colaborativas de carácter regional, aportando en la regulación para el manejo forestal sostenible, donde la comunidad es también el aliado que se necesita para avanzar en estos procesos“, reflexiona Hugo Carvajal Triana, coordinador de la Mesa Forestal del departamento de Amazonas en Colombia que, junto a la Mesa Regional Forestal y de Fauna Silvestre del departamento de Loreto en Perú, impulsan esta iniciativa.

Retos y aprendizajes en la región para combatir el tráfico de madera

Aprendizajes de procesos de cooperación que permitieron iniciativas como la mencionada en la frontera entre Colombia y Perú, fueron parte de la sistematización regional de experiencias sobre la aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio forestales (FLEGT) de la Unión Europea y otras iniciativas afines. Esta investigación llevada a cabo por WWF entre el 2020 y 2021 en el marco del proyecto “Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques“, estuvo orientada a identificar aprendizajes y establecer las potencialidades y limitantes en el desarrollo de acciones de cooperación Estado – sociedad civil, en iniciativas que han buscado mejorar la dinámica del comercio legal de madera en Colombia, Perú́, Ecuador y Bolivia, en el periodo de 2009 a 2019. En este ejercicio participaron personas e instituciones provenientes de diversos sectores: organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, así como del sector privado.

(Descargue el documento de resumen ejecutivo de la sistematización aquí: https://www.wwf.org.co/en/?374431/Sistematizacion-regional-de-Acciones-sobre-la-Aplicacion-de-las-Leyes-Gobernanza-y-Comercio-Forestales-FLEGT-de-la-Union-Europea-y-otras-iniciativas-afines-Bolivia-Colombia-Ecuador-y-Peru)

Reflexiones y llamado a la acción

Con el propósito de socializar los aprendizajes y recomendaciones en torno a estas experiencias, se realizó una serie de tres webinars titulado “Los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia”. Esta serie de encuentros sincrónicos llevados a cabo entre agosto y septiembre de este año, abordó los temas que orientaron la investigación, sobre mecanismos de cooperación en los sistemas de trazabilidad; plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales; y sistemas de control, monitoreo y vigilancia forestal.

En materia de los sistemas de trazabilidad de la madera en cada país, uno de los aprendizajes muestra que existe una mayor atención en el eslabón de transporte de la cadena forestal, pero hay retos como implementar sistemas de marcaje en el punto de aprovechamiento que permitan identificar la madera en campo y seguirla hasta su destino final. Manuel Salirrosas de Perú, especialista forestal de la Dirección General de Promoción y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), explicaba que “este proceso es a través de un sistema informático implementado donde, a través de un código QR, incluso desde un celular, se puede hacer seguimiento a los productos de madera, pero lo que falta es el fortalecimiento de capacidades para que todos los actores puedan usarlo.”.

Nhaydú Bohorquez, experta en REDD+ y manejo forestal sostenible de la FAO Colombia, señalaba que “no solo es una solución informática o un tema que únicamente le compete a la autoridad ambiental, sino un tema que va en línea con los usuarios que terminan siendo las industrias, es decir, el sector privado, pero también las comunidades“.José Luís Osinaga, ex jefe nacional de Conservación y Manejo de Bosques de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia, mencionaba que “aún hay falencias en la aplicación de los sistemas de trazabilidad digitales de los Estados, como las condiciones en el servicio de internet en regiones tan extensas y lejanas. Pero también es necesario trabajar con los actores forestales para que estos sistemas no solo los maneje el Estado, sino también los mismos actores y sirva para mejorar el desarrollo del trabajo participativo en el sector forestal“.

Entre los aspectos a fortalecer hacia un seguimiento del origen de la madera, los panelistas también coincideron en que no solo debe ser abordado al interior de cada país sino también en escenarios transfronterizos, de tal forma que permitan la reducción del comercio de madera ilegal entre los países.

Sobre las plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales, el trabajo de sistematización destacó la importancia de reconocer estos espacios en los planes de gobierno, así como en instrumentos de política pública, ya que las experiencias de estos escenarios muestran su validez significativa para incidir en un alto nivel político. En ese sentido, Hugo Carvajal de Colombia comentó que “el reto que tienen los espacios de concertación y diálogo, es involucrar a los actores en todos los niveles, como comunidades nativas, pueblos indígenas y la sociedad civil vinculada al tema, para legitimar los procesos“. Por su parte, Fabiola Muñoz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF Task Force) en Perú, complementaba que “trabajar de manera colaborativa, necesita de confianza. Cuando uno destina tiempo, es porque realmente siente que el espacio es confiable. Por ello, es importante institucionalizar estos espacios y que no dependan de la autoridad de turno.“.

Para los gobiernos, es crucial que estas plataformas resulten operativas, pues representan espacios estratégicos de colaboración multiactor para entender los contextos territoriales, desarrollar políticas y acciones apropiadas, contrarrestando así la problemática del tráfico de madera, promoviendo el intercambio de conocimientos. “Han permitido también formar capacidades en los gobiernos subnacionales sobre el manejo de recursos no maderables, así como intercambiar experiencias en el manejo de recursos del bosque“, destacó Marco Albornoz, director regional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – Norte Amazónico (CIPCA) de Bolivia. En ese mismo sentido, Alfredo López, coordinador de Alianzas Público, Privadas y Comunitarias Grupo Nacional de Certificación Forestal Voluntaria del Ecuador (CEFOVE), afirmó que “las plataformas en torno a la gestión de la madera legal han contribuido a ampliar las redes de contacto y esto ha fomentado una mayor circulación de conocimientos“.

Acerca del rol de las comunidades en el control, monitoreo y vigilancia forestal, se ha evidenciado que ello facilita una relación de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil frente al recurso forestal, generando acciones de cooperación y empoderamiento de las comunidades que habitan los bosques, así como sentar la aplicación de la normativa en zonas donde no puede estar la autoridad forestal. Sobre las condiciones habilitantes, además de sus capacidades a fortalecer, está el generar confianza entre las autoridades y los actores que están involucrados en la cadena forestal para reducir el tráfico de madera.

Finalmente, Max Silva Sánchez, originario del pueblo Shipibo Konibo y asesor legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), afirmaba que “es un deber por parte de las comunidades participar en la gestión de los bosques, a efecto de lograr un aprovechamiento sostenible“. Ronaldo Vargas, gerente técnico de la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN) de Bolivia, reflexionaba que “el desafío no solo es que las comunidades y los pueblos indígenas puedan participar en el control, monitoreo y vigilancia, sino que es una responsabilidad al ser dueños y tener los derechos de aprovechamiento forestal.”. Desde Ecuador, Estefanía Arias, directora de Bosques del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), concluyó que “entre las condiciones habilitantes, está el fortalecimiento de su capacidad técnica y organizacional, considerando que ya la vigilancia y control comunitario es parte de su dinámica y realidad en el manejo de sus territorios.”.